La investigación del Ministerio Público por medio de la Fiscalía Contra la Narcoactividad, permitió la incautación de una lancha identificada con el nombre de “Llovizna”, la cual se movilizaba a 13 millas náuticas del Puerto de San José, Escuintla, en su interior se localizó droga.

En la embarcación iban como tripulantes tres personas de nacionalidad guatemalteca y un colombiano que transportaban 13 tulas (bolsas plásticas que recubren paquetes con droga), en las cuales eran trasladados 656 kilos de cocaína valorados aproximadamente en Q65 millones.

Los fiscales dirigieron el recuento de la misma e identificaron a los guatemaltecos como: Eduardo Álvarez Dávila, Edvin Norberto Cámbara Pérez, Emerzon Raúl Villegas Colocho y al colombiano como Renzo Pineda Estupiñan.

La Fiscalía coordinó practicar la prueba de campo la cual dio como resultado positivo presuntivo para cocaína, por lo que se ordenó enviarla a las bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

Durante la diligencia dirigida con la Fuerza Especial Naval del Pacífico, también se localizó un sistema de posicionamiento global, (GPS) y recipientes en donde llevaban combustible.

Guatemala, 23 de diciembre de 2015.

El Ministerio Público –MP- mediante las investigaciones que realizó la Fiscalía de Distrito de Izabal, con el apoyo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, presentó los indicios necesarios ante el Juzgado de Primera Instancia de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de este departamento, el cual resolvió ligar a proceso penal a Elí Saúl Climaco Carrera por los delitos de femicidio, portación ilegal de arma de fuego, resistencia y hurto agravado.

En la causa C-18012-2015-1644 del expediente MP282-2015-6067, se documentaron los hechos que ocurrieron frente al mercado La Revolución en la 9ª. calle y 7ª. avenida zona 1 de ese departamento, donde fueron asesinadas Lola del Rosario Pérez Roque y la menor Ashlyn Andrea Lara Pérez; en ese mismo hecho resultó herida otra persona.

La judicatura ordenó que Climaco quedará ligado a proceso penal y fue enviado a prisión preventiva hasta que se resuelva su situación legal. La judicatura le concedió al Ministerio Público tres meses para presentar la acusación, luego el juez contralor resolverá si el caso es enviado a debate oral y público.

Guatemala, 23 de diciembre de 2015.

En un operativo realizado en la 18 calle entre sexta y séptima avenida de la zona 1 de la ciudad capital, la Fiscalía contra la Narcoactividad coordinó la detención de Angel Douglas Mérida Cifuentes de 42 años, Jaime Bernardo Quiñónez Santizo de 49 y Osman Anderson Juárez Santiago de 22.

Las tres personas fueron aprehendidas cuando distribuían hierva seca denominada marihuana, la cual llevaban en varias bolsas plásticas listas para su venta. Los detenidos fueron puestos a disposición de juez competente.

Guatemala, 23 de diciembre de 2015

Negarse a pagar una extorsión mientras trabajaba en un camión repartidor de productos, Yasid Esteban López Guite perdió la vida de manera violenta en la zona 18 de la ciudad capital el 28 de noviembre de 2015.
Por ese hecho, la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó hoy la detención de Kevin Estuardo Avendaño y de Rigoberto Sálale Chen, quienes de acuerdo con las investigaciones, son los responsables del asesinato de López Guite, a quien los sindicados le exigían una cantidad de dinero, y cuando su víctima les manifestó que no tenía, le disparó en la cabeza causándole la muerte.

Otro caso
Samy Esteve Chajón Escobar y  fue detenido este día sindicado de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Las pesquisas de la fiscalía determinaron que Chajón dio muerte el 8 de diciembre de este año a Mario García Herrera en San Pedro Ayampuc, una persona más resulto herida durante el ataque.

Guatemala, 24 de diciembre de 2015

Con base a la investigación preliminar, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público –MP- obtuvo este día, en la audiencia efectuada en el departamento de Jutiapa que fuera ligada a proceso penal, Glendy Marilu Vega Zuñiga, por el delito de uso de documentos falsificados.

Según la investigación, Vega cometió el delito el 15 de mayo de 2012, ya que siendo particular se acercó a las oficinas del Registro Nacional de Personas –RENAP-, donde presentó una certificación de nacimiento falsa, con el cual pretendió obtener el Documento Personal de Identificación -DPI-.

Los hechos apuntan a que la certificación fue ingresada al Sistema de Registro Civil –SIRECI- donde se comprobó que dicho documento no era legal. Por este motivo fue procesada penalmente.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Jutiapa.

Además, la judicatura le otorgó medida sustitutiva, arresto domiciliario y firmar el libro en la Fiscalía cada 15 días.  Asimismo, estableció el plazo de tres meses para que el MP presente la investigación correspondiente.

Guatemala, 07 de enero de 2016.

Con base a 78 medios de prueba, la Fiscalía contra la Extorsiones del Ministerio Público logró que este día fueran condenados cuatro extorsionistas, quienes recibieron una pena de 50 años de privación de libertad cada uno, por los delitos de asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Los sentenciados son: Gerson Alexander López, alias Yolaus, Luis Roberto Morales Ovando, alias Patas, Selvin Emmanuel Bran Corado, alias el Piojo y Eddy Roberto Mendoza alias Garrote. Asimismo, fue condenado por el delito de asociación ilícita a seis años de prisión, Mauricio de Jesús Garrido. Todos integrantes de la mara Salvatrucha.

La investigación

La Fiscalía contra las Extorsiones estableció durante las pesquisas, que los ahora condenados pertenecían a la clica Crazy Latin Sureños de la mara Salvatrucha y se dedicaban a extorsionar a 105 pilotos de mototaxis, que trabajaban en el municipio de Palencia, departamento de Guatemala.

La investigación detalló que los victimarios cobraban a los pilotos Q. 85 quetzales semanales, y cuando estos solo pagaban parcialmente, los amenazaban de muerte.

Por este motivo, fueron asesinados con un arma de fuego, el 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, Monico Antonio Duarte Cano y Rodrigo de Jesús García.

La audiencia se efectuó en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala. El caso lo diligenció la Fiscalía contra la Extorsiones del MP.

Guatemala, 07 de enero de 2016

Tras la audiencia de anticipo de prueba que gestionó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección Contra la Narcoactividad, hoy se destruyó un total de 656 paquetes de cocaína, con un valor aproximado de Q. 65 millones, que fueron detectados el pasado 13 de diciembre a 13 millas náuticas del Puerto de San José, Escuintla, los cuales eran transportados en la embarcación identificada bajo el nombre “Llovizna”.

Durante la diligencia fueron aprehendidos en flagrancia los guatemaltecos, Eduardo Álvarez Dávila, Edvin Norberto Cámbara Pérez, Emerzon Raúl Villegas Colocho; y el colombiano Renzo Pineda Estupiñan, quienes ya fueron ligados a proceso penal por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF- se estableció el peso de 754.9 kilogramos en la droga, con una pureza de 78.52, de los 656 paquetes de cocaína localizados en la embarcación.

Posterior al decomiso, la droga fue traslada a las bodegas de la Dirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

Guatemala, 07 de enero de 2015.

El Ministerio Público logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno ligara a proceso penal a los siete aprehendidos el pasado seis de enero de 2016, en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.

La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango logró que en la resolución judicial quedaran ligados a proceso por robo agravado y asociación ilícita el cabecilla de la estructura Obispo Vásquez López, de 30 años; el segundo al mando Marco Antonio Rodas Cifuentes, de 58; los hermanos Héctor David, de 28; y Edgar Ronael, de apellidos Calel Poncio; Ariel Hernández García y Londy Victoria Rodríguez y su hijo Juan Fernando Cu Rodríguez. Además se le notificó al privado de libertad Roel Aroldo Calel Poncio.

La investigación se inició en la fiscalía luego de recibir varias denuncias de robos a comercios, y durante ese trabajo se identificó a los supuestos responsables de los hechos que fueron enviados a prisión preventiva.

Los fiscales localizaron en los allanamientos una pistola y una motocicleta supuestamente utilizadas en los hechos. A los integrantes de esta estructura, la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango los sindica de los delitos de robo agravado y asociación ilícita. 

La audiencia de apertura a juicio la programó la judicatura para el 24 de marzo.

Guatemala, 8 de enero de 2016

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Distrito de Suchitepéquez dirigió esta mañana la incautación de dos armas de fuego en dos viviendas en donde realizaron dos allanamientos que solicitaron ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Suchitepéquez.

Según la causa C-10003-2015-00909 del expediente P137-2015-5069 se detalla el tipo de armas que fueron incautadas esta mañana en donde las investigaciones continúan para establecer la procedencia de las armas de fuego.

Guatemala, 8 de enero de 2015.

El Ministerio Público mediante el trabajo de investigación que realizó la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas logró este día tres sanciones contra dos menores de edad que cometieron delitos contra la vida.

La primera sanción fue contra una adolescente de 15 años, quien pasará 18 meses privada  de libertad en régimen cerrado por el Juzgado Segundo de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, por el homicidio en grado de tentativa contra un repartidor de agua, quien fue baleado en un hecho ocurrido en la zona 5

El otro de los menores sancionados es un adolescente de 16 años, quien cumplirá una sanción de ocho años de privación de libertad en régimen cerrado, que fue sorprendido en flagrancia cuando asesinó a una persona en la colonia Cipresales de la zona 6, de la Ciudad Capital.

Por el primer caso fue sancionado a tres años tras el ataque en contra una persona que quedó herida el 14 de agosto de 2015, como consta en la causa C-1063-0107 del expediente MP001-2015-78485.

Seis días después, fue sorprendido cuando cometió los delitos de asesinato y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro borrado, alterado o no legalmente marcado por la Dirección General de Control de Armas y Municiones el 20 de agosto; por este hecho fue sancionado a cinco años de privación de libertad.

Los fiscales demostraron que este menor utilizó la misma pistola en los dos hechos, tal y como se comprobó en los peritajes realizados en la causa C-1141-2015-2514 del expediente MP001-2015-80578, la víctima del no fue identificada.

Guatemala, 8 de enero de 2016.

El Ministerio Público por medio de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos materializó este día la medida cautelar autorizada el 22 de diciembre de 2015, por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, de un vehículo a nombre de Ingrid Roxana Baldetti Elías, el cual será administrado por la Secretaria Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio.

A solicitud del MP, el 21 de diciembre de 2015, se realizó la inmovilización, embargo y secuestro del vehículo. La medida cautelar fue autorizada por la judicatura el 22 de diciembre del mismo año.

El vehículo está a nombre de Ingrid Roxana Baldetti Elías y es una camioneta tipo agrícola, marca Nissan Patrol, color negro, modelo 2012, placas P- 821FFH. El vehículo se entregó este día en las instalaciones de la SENABED.

Antecedentes:

El pasado 3 de diciembre de 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, presentó ante el Juzgado “B” de Mayor Riesgo, más de 200 medios de prueba en la acusación formal en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por su presunta vinculación en el caso de defraudación aduanera denominada, La Línea.

Baldetti es acusada por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo; según la investigación, la ex vicemandataria defraudó al Estado por 28 millones de quetzales.

Las pruebas que las y los fiscales del Ministerio Público presentaron ante el Tribunal “C” de Mayor Riego, permitieron que esta tarde Marvin Montiel Marín, alias “el taquero” fuera condenado a purgar 820 años de cárcel por la muerte de 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés.

También los integrantes de la estructura criminal, Luis Yuman Garrido y Mynor Aroldo Gutiérrez tendrán que cumplir una pena de 826 años, seis más que Montiel debido a que se le sumó esa cantidad por el asesinato en grado de tentativa contra Francisco Concova Martínez.

Mientras que José Ignacio de Jesús Folgar recibió un castigo de seis años de privación de libertad y al pago de una multa de 300 mil dólares, a razón de Q. 100 diarios.

En tanto, Roberto Rivera Chacón fue beneficiado con libertad controlada, por su colaboración para esclarecer este caso. Sara Cruz, quien goza de una medida sustitutiva continuará en la misma situación.

En la resolución del Tribunal se ordena remitir copia del fallo a los países de Nicaragua y Holanda; resolvió que los sentenciados deberán pagar las costas judiciales.

Antecedentes

Durante el debate oral y público, la fiscalía presentó las pruebas que permitieron establecer que los acusados el 8 de noviembre de 2008, interceptaron un autobús proveniente de Nicaragua, en el que presumían se transportaba droga; este fue desviado de Barberena, Santa Rosa, hacia el departamento de Zacapa. Los victimarios al comprobar que el automotor no transportaba la mercancía, decidieron dar muerte a los 16 pasajeros, cuyos cuerpos fueron calcinados en una finca de Río Hondo, propiedad de Montiel Marín.

Guatemala, 08 de enero de 2016.

Este viernes dio inicio la audiencia de primera declaración de 14 militares retirados, quienes con base a las investigaciones del Ministerio Público son sindicados de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad.

Mediante las investigaciones del Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, a los catorce militares se les atribuye su participación en 88 eventos relacionados con las masacres realizadas durante los años de 1981 a 1988, en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala en el departamento de Alta Verapaz.

Los sindicados son: Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera, Byron Humberto Barrientos Díaz.

Durante el primer día de audiencia de primera declaración, los fiscales del Ministerio Público imputaron los hechos a Manuel Benedicto Lucas García, ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército 1981-1982; así como los ex oficiales de la zona Militar No.21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales.

Las imputaciones estuvieron a cargo de la Fiscal de Derechos Humanos, Hilda Pineda, quien presentó a cada uno de los sindicados los hechos por los cuales se les involucra.

La audiencia continuará el lunes cuando la Fiscalía presente las sindicaciones en contra de César Augusto Cabrera Mejía, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández, Raúl Dehesa Oliva y Luis Alberto Paredes Nájera.

Cementerio clandestino

Las investigaciones de este caso iniciaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como Plan de Sánchez, en donde fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante el proceso hubo testigos quienes indicaron que, dentro de la Zona Militar número 21 con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino donde habría unas 558 víctimas.

En febrero de 2012, el Ministerio Público inicia las diligencias para realizar excavaciones en el antiguo recinto militar,  actualmente se conoce como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ), mismas que duraron 3 años.

Luego de las excavaciones se localizaron 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas; 97 han sido identificadas por ADN.

Guatemala, 8 de enero de 2015.

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, logró que este día fueran ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva dos personas, sindicadas por el delito de extorsión.

Luego del seguimiento y las investigaciones preliminares realizadas por la fiscalía, tras recibir una denuncia, se coordinó con las fuerzas de seguridad la aprehensión de Juan José Cante García y Quelin Eugenia Margarita Vásquez, ambos detenidos frente a un centro comercial ubicado en la 6a. avenida, entre  12 y 13 calle de la zona 1.

Los fiscales informaron que los señalados fueron detenidos en flagrancia, luego de acordar el pago de Q1 mil 500 de una extorsión exigida a una empresa distribuidora de alimentos.

Guatemala, 9 de enero 2016.?

Este lunes dio inicio en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, la audiencia de primera declaración de cuatro militares retirados a quienes, basados en una serie de investigaciones, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos sindica de participar en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981.

Los señalados son: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el General de División Manuel Antonio Callejas Callejas.

Durante el primer día de audiencia los fiscales les imputaron a Callejas el delito contra los deberes de humanidad, mientras que a los otros tres los delitos de desaparición forzada, violación agravada, violación con agravación de la pena en concurso real y delitos contra los deberes de humanidad.

Las pesquisas

De acuerdo con las investigaciones los señalados giraron acciones como ordenar a sus subalternos realizar operaciones contrasubversivas y permitieron el 27 de septiembre de 1981, el ingreso a las instalaciones de la Zona Militar General Manuel Lizandro Barillas ubicada en Quetzaltenango, de una detenida considerada elemento subversivo quien fue identificada como Emma Guadalupe Molina Theissen.

A quien mediante un retén militar a las 9 de la mañana instalado por elementos del Ejército de Guatemala, sobre la carretera Interamericana aproximadamente a la altura  de la Escuela Normal Regional de Occidente ubicada en jurisdicción del municipio de Santa Lucía Utatlán del departamento de Sololá, le localizaron escondido entre sus prendas de vestir un documento titulado “Documento Interno para Estudio y Discusión y Aplicación” y dos periódicos “Verdad y la Juventud Patriótica del Trabajo” y uno del “Comité Central del Partido Guatemalteco de Trabajo”, entre otra documentación.

Los cuales, según las investigaciones, eran trasladados por la detenida los cuales iban a ser discutidos por los miembros del comité regional de occidente al cual ella pertenecía, lo que fue suficiente para que la detenida fuera considerada como elemento subversivo enemigo interno y fuente de información de interés para la inteligencia militar, Después fue movilizada hacia una casa abandonada a poca distancia del lugar de la detención en la que se le efectuó un interrogatorio táctico por parte de elementos del Ejército el cual duró hasta el mediodía aproximadamente.

Luego fue transportada, engrietada y transportada a bordo de un vehículo hacia instalaciones de un comando militar de donde escapó nueve días después de su detención.

Durante la audiencia los fiscales también presentaron otros medios de prueba, entre ellos dictámenes periciales, informe psicosocial, certificado de nacimiento del menor desaparecido, documentos internos del Ejército, nombramientos de los militares.

Posteriormente su hermano Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, fue desaparecido el 6 de octubre de ese mismo año, por tres presuntos integrantes del Ejército, vestidos de particular, que llegaron a la vivienda de la familia Molina, ubicada en la zona 19, colonia La Florida, en la ciudad capital de donde se lo llevaron ante la presencia de su madre, Emma Theissen Álvarez.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia –CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

La audiencia fue suspendida por la Jueza Judith Secaida y continuará mañana martes a las 10 de la mañana.

Guatemala, 11 de enero de 2016.

Por segundo día consecutivo el Ministerio Público mediante la Fiscalía de Derechos Humanos, continuó con la sindicación de hechos contra 6 de 14 militares a quienes se les atribuye su participación en 88 eventos relacionados con las masacres realizadas entre los años 1981 a 1988 durante el conflicto armado interno en Guatemala en el departamento de Alta Verapaz.

Los sindicados en este caso son: Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, Byron Humberto Barrientos Díaz, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía.

Durante la audiencia la fiscalía imputó a Paredes Nájera 122 hechos. Entre los indicios presentados por el Ministerio Público se encuentran declaraciones testimoniales, resultados de exhumaciones, ubicación de agresores, datos generales e identificación de las víctimas, informes genéticos y defunciones.

Por otra parte, a Gustavo Alonso Rosales García se le señala de 14 hechos donde figuran la desaparición de Felipe Caal López, así como dar seguimiento a los planes militares y ordenar la ejecución de personas subversivas, respaldándose en su cargo como comandante de la zona militar número 21.

A Alonso Rosales se le sindican los delitos contra los deberes de humanidad, por un crimen de guerra y lesa humanidad contra población no combatiente y desaparición forzada, porque familiares lo buscaron y jamás apareció.

Mientras que a Raúl Dehesa Oliva se le atribuye la desaparición de Carlos Enrique Chávez, sustentada en la declaración testimonial de la hermana de la víctima, perfil genético, genograma del grupo familiar, hallazgos de piezas dentales para la identificación de cadáver, ropa, certificados de nacimiento y defunción, entre otros.

También figura Carlos Augusto Garavito Morán a quien también se le acusa de por lo menos ocho desapariciones.

José Antonio Vásquez García quien según las pesquisas siguió lineamientos militares ya que cualquier detenido lo declaraba enemigo interno.

Luis Alberto Paredes Nájera se le acusa de 122 desapariciones.

Primer día de audiencia

El primer día de audiencia de primera declaración, la Fiscal de Derechos Humanos, Hilda Pineda, presentó la imputaron de los hechos a Manuel Benedicto Lucas García, ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército 1981-1982; así como los ex oficiales de la zona Militar No.21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales.

Investigaciones

Las investigaciones de este caso iniciaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como Plan de Sánchez, en donde fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante el proceso hubo testigos quienes indicaron que, dentro de la Zona Militar número 21 con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino donde habría unas 558 víctimas.

En febrero de 2012, el Ministerio Público inicia las diligencias para realizar excavaciones en el antiguo recinto militar, actualmente se conoce como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ), mismas que duraron 3 años.

Luego de las excavaciones se localizaron 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas; 97 han sido identificadas por ADN.

Guatemala, 11 de enero de 2016.

Este lunes 11 de enero de 2016, circuló en las redes sociales una supuesta solicitud del Ministerio Público al Ministerio de la Defensa Nacional donde se requiere información relacionada a 84 integrantes del Ejército de Guatemala sujetos a una aparente investigación.

Al respecto, el Ministerio Público desmiente la autenticidad del documento que se difundió, toda vez que el contenido es falso, y, el número MP001-2006- 9707 citado como referencia del expediente, corresponde a una investigación tramitada en su momento por la Fiscalía de Sección de la Mujer por los delitos de agresión y abusos deshonestos que actualmente ha concluido la investigación.

En ese sentido el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos no ha efectuado tal requerimiento, por tal razón el documento en referencia es apócrifo.

Guatemala, 11 de enero de 2016

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, realiza 28 allanamientos en distintos puntos del país, con la finalidad de coordinar la aprehensión de presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Los allanamientos son dirigidos por los fiscales en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché.

A solicitud del MP, las autorizaciones de aprehensión y los allanamientos fueron emitidas el viernes, por el Juzgado Sexto de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La investigación

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero durante las pesquisas determinó que el grupo criminal lavó dinero entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014, por más de 7 millones de dólares, siendo en quetzales un estimado de 58 millones.

El modo de operar de la organización criminal es que supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectaban oro. Estos a su vez lo vendían a una empresa, esta a su vez remitía los lingotes a los Estados Unidos de Norteamérica.

En seguimiento, los fiscales reportaron el 15 de mayo de 2014, en el aeropuerto Internacional La Aurora, la incautación de 20 lingotes de oro, donde se estableció que la empresa intentó realizar dicha exportación sospechosa hacia EE.UU, de lingotes valorados en 491 mil 354.59 dólares.

Cómo se comprobó el lavado

Para la Fiscalía, los supuestos proveedores no tienen el perfil económico y comercial. Asimismo, se evidenció durante la investigación preliminar que muchos de los presuntos proveedores no se dedican a la recolección de chatarra de oro.

Además, se reportan remisiones de lingotes en peso de hasta 140 libras mensuales, de diez y 18 quilates; lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa.

Guatemala, 12 de enero 2016.

Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, esta tarde fue condenado Juan de Dios Reyes Nájera, a cuatro años conmutables por el delito de homicidio preterintencional.

Según las investigaciones de la Fiscalía, en marzo de 2015, Reyes quien laboraba en la Fiscalía Distrital de Quiché, como Oficial I, en compañía de otra persona, -prófugo de la justicia-, agredió a Edy Aroldo Jiménez Monterroso, luego de que su vehículo recibió un golpe en la parte trasera en jurisdicción del municipio de Amatitlán.

Los hechos apuntan a que el agraviado fue atacado con un arma de fuego por la persona que está actualmente prófuga, razón por la que pasó un mes y medio en un centro asistencial y falleció posteriormente.

En el fallo el Tribunal determinó la responsabilidad de Reyes al considerar que cometió el delito de homicidio preterintencional al forcejear con la víctima, sin embargo, a criterio de la judicatura él no tenía la intención de causar el daño en contra de Jiménez.

Los fiscales explicaron que el hoy sentenciado, fue suspendido del cargo a partir de quedar ligado a proceso penal; y con la sentencia condenatoria se le remueve de forma definitiva del cargo.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Amatitlán, donde se le condenó a una pena conmutable, a razón de Q. 5 diarios.

Guatemala, 12 de enero de 2016.

El seguimiento a una investigación realizada por fiscales del Ministerio Público, esta tarde en un allanamiento, fue detenido en un condominio de apartamentos  ubicados en la zona 14 de la ciudad capital, Brayan Jiménez Hernández ex presidente de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut).

La orden de allanamiento fue tramitada por personal fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente.

En diciembre del 2015, el Ministerio Público recibió, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud de detención provisional con miras a una solicitud de formal extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, de Jiménez Hernández, en ese momento presidente de la Fedefut.

Guatemala, 12 de enero de 2016