El Tribunal Octavo del Ramo Penal aperturó el debate oral y público contra Julio César  Mejía García, alias “El Voltio”, presunto responsable de la muerte de Celia Bellesteros,  Directora del Instituto Básico por Cooperativa en Canalitos,  quien fue atacada en septiembre de 2013.

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, le imputa los delitos de asesinato y asociación ilícita, una de las principales pruebas con las que cuenta los fiscales, son las imágenes captadas en los alrededores de donde ocurrió el crimen.

Por este hecho fueron condenadas dos jóvenes arrestadas el día del atasque, quienes fueron identificadas como Victoria Yaneth Rodríguez, sentenciada a 30 años de cárcel y una menor de 15 años de edad, a 6 años en una correccional.

Guatemala, 18 de enero de 2016.

El Ministerio Público mediante el trabajo de litigio de la Unidad contra Robo a Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, logró la apertura a juicio contra tres exdirectivos del Grupo Financiero del País ante el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

Se trata de Ariel Camargo Fernández, quien fungió como presidente ejecutivo y gerente general del Grupo Financiero del País; mientras que Celeste Desiré Soto, Jorge Alfredo González, eran integrantes de la junta directiva de la empresa.

Las pesquisas de la Fiscalía se iniciaron desde 2006 cuando se produjo la quiebra del banco y, en el 2007 los fiscales presentaron la acusación, pero por recursos interpuestos por la defensa se atrasó el inicio del debate; sin embargo, por las acciones legales presentadas por el Ministerio Público se logró hoy la apertura de juicio hoy.

Por medio de los dictámenes periciales, documentales y prueba material y otros medios de investigación, los fiscales establecieron que el Grupo Financiero del País, utilizaba personas jurídicas no debidamente autorizadas por la junta monetaria para realizar algún tipo de intermediación  financiera.

La Fiscalía acusa a los directivos de la empresa por los delitos de estafa, estafa propia, y caso especial de estafa  de forma continuada, por la estafa de 237 personas que suma un monto de Q245 millones entre el año 2002 a 2006.

Guatemala, 18 de enero de 2016.

El Ministerio Público logró esta tarde fueran ligados a proceso judicial 11 militares, que por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad,  luego de que la Fiscalía de Derechos Humanos, presentó los indicios suficientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del Grupo “A”.

En la resolución de la judicatura resaltan el exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Carlos Augusto Garavito Morán y Gustavo Alonzo Rosales García, Ismael Segura Abularach, Juan Ovalle Salazar, Juan Antonio Vásquez, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Edilberto Letona Linares.

La resolución judicial que emitió la jueza Claudette Domínguez, a cargo de la judicatura benefició a Carlos Humberto Rodríguez López, Édgar Rolando Hernández Méndez y Pablo Saucedo Mérida, quienes recobrarán su libertad, pero no podrán salir del país.

La investigación realizada por la Fiscalía se inicia tras la sentencia por el Caso Plan de Sánchez en donde el Tribunal ordena el seguimiento a las pesquisas que resultaron luego de los testimonios de familiares de las víctimas de ese caso.

Guatemala, 18 de enero de 2016.

El Ministerio Público –MP– mediante el trabajo de investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos obtuvo dos suspensiones condicionales de la persecución penal donde se logró recuperar los montos defraudados al Estado guatemalteco, por más de Q. 31 mil quetzales.

En el primer caso, la audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal, del municipio de La Democracia, Huehuetenango, lugar donde se le otorgó la suspensión condicional de la persecución penal a Ramón Trinidad Calvo Calvo, a quien se le demostró en la investigación que cometió el delito de contrabando aduanero.

En los hechos se comprobó que el 24 de diciembre de 2015, las autoridades le solicitaron que demostrara el respaldo legal de la mercadería de contrabando que transportaba en un vehículo, en el inventario realizado por la Fiscalía lo defraudado ascendió a la cantidad de Q. 13 mil 523.21, monto que fue cancelado por el sindicado.

Según la investigación, la judicatura lo benefició con dos años de período de prueba y le dictó reglas de abstención que comprenden la donación de Q. 1 mil quetzales y que reciba dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera.

Otra suspensión condicional

En otro caso la Fiscalía recuperó Q. 17 mil 591.52 a favor del Estado guatemalteco, luego de que Luis Adolfo Morales Milian, quien era procesado por el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación canceló el monto referido.

En los detalles de la investigación se estableció que Morales en su planilla del Impuesto al Valor Agregado en compensación al Impuesto Sobre la Renta declaró facturas de gastos médicos, y al realizar el cruce de información con los proveedores se estableció que no realizaron ningún tipo de servicio a favor de Morales, por lo tanto se demostró que los gastos no se realizaron.

Guatemala, 19 de enero de 2016.

El Ministerio Público mediante el seguimiento de una denuncia que presentó Jaqueline Andrea Benavente Chacón, de 22 años, madre de un menor de cuatro meses de edad que, supuestamente había sido secuestrado el pasado 31 de octubre de 2015, en las investigaciones resultó que fingió el hecho; por eso hoy se ejecutó la aprehensión de la denunciante en un salón de belleza en la zona 14.

En las pesquisas que efectuó la Unidad Contra Secuestros de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, se estableció que la acusadora aparentó el supuesto secuestro por lo que fue detenida en la 1ª.  avenida  6-24, de la referida zona.

 Los Fiscales solicitaron la captura en el Juzgado de Primera Instancia Penal, de Mixco, en donde presentaron todos los indicios que fueron recopilados minuciosamente, hasta que se detectó que se trataba de una denuncia falsa.

La madre del menor presentó la denuncia en la Policía Nacional Civil y la ratificó en el Ministerio Público el pasado 3 de noviembre de 2015, en donde relató que el hecho presuntamente ocurrió en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal,  de Mixco, aproximadamente a las 16 horas; cuando fue sorprendida por sujetos armados que se conducían en un vehículo, en el cual se habrían llevado al niño secuestrado.

Durante la investigación, los Fiscales se estableció que la acusadora le entregó el menor a una su amiga, a quien le encargó que lo cuidara por unos días, fue después de eso que presentó la denuncia y la ratificó en el Ministerio Público, en donde exigió que realizaran la investigación. Tras ingresar la denuncia se activó de inmediato el protocolo de investigación en la Unidad Contra Secuestros.

Como resultado de la denuncia se creó una reacción mediática en las redes sociales y medios de comunicación, en el cual involucró a su pareja sentimental como presunto responsable del hecho.

La denunciante se encuentra a la espera de que el juzgado fije fecha para la audiencia de primera declaración para solventar su situación legal.

Guatemala, 19 de enero de 2016.

El Ministerio Público demostró durante el debate que se realizó en el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa, que Mercedes Andrés Escobar Cruz cometió el delito de violencia contra la mujer por lo que fue condenado a cinco años de privación de libertad inconmutables.

La Fiscalía de Distrito de Jalapa presentó ante el Tribunal la declaración de la víctima y el dictamen pericial que confirmó que Escobar Cruz agredió a su conviviente con el celular en el rostro. Los hechos sucedieron el 11 de agosto de 2015 en la vivienda de la aldea Los Izotes, del municipio y departamento de Jalapa.

Guatemala, 19 de enero de 2016.

La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializó este día la entrega de bienes a la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, -Senabed-, que pertenecen a Edgar Francisco Morales Guerra, alías Chico Dólar y su círculo de confianza. Dichas medidas cautelares fueron emitidas por el Juzgado de Extinción de Dominio, el 27 de septiembre y 3 de noviembre de 2015.

Según los fiscales son tres inmuebles, en los cuales se localizan igual número de bodegas denominadas “El Campesino”, ubicadas en el kilómetro 143.8, carretera que conduce al municipio de Asunción Mita, Jutiapa.

Además, se entregó cuatro lotes, con los números, 9, 10, 11 y 12, en la manzana F, Residenciales California, fase Premier de ese mismo departamento.

Así como seis vehículos con placas comerciales 297BLV, 952BMG, 756BMD, -los tres tipos cabezal-, otro más con placas C-872BNT y el automotor tipo plataforma TC-84BBS; y el camión con placas, C-326BLL.

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos indicó que a partir de la diligencia se ubicaron otros bienes que están siendo investigadas su procedencia para determinar si son susceptibles de extinción de dominio.

Antecedentes:

El pasado 19 de noviembre, La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, la acusación en contra de once integrantes de la estructura denominada “Lavado y Política”.

Por este caso, Edgar Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar es sindicado de cometer los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo.

Guatemala, 19 de enero de 2016.

El Ministerio Público logró que el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal ligara por el delito de homicidio culposo al exalcalde de Santa Catarina Pínula, José Antonio Coro García, durante la audiencia de primera declaración que se realizó este día por la supuesta negligencia ocurrida en la comunidad del Cambray II, en donde fallecieron más de 300 personas soterradas por un alud el pasado 1 de octubre de 2015.

En su resolución la juzgadora también le dictaminó arresto domiciliario sin vigilancia, una caución económica de 300 mil quetzales, la prohibición de salir del país, visitar la municipalidad de Santa Catarina Pínula, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, -Conred- el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología – Insivumeh- y deberá firmar el libro de control correspondiente una vez al mes a partir del día siguiente de su libertad en la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos.

Asimismo, prohibió la comunicación con el actual alcalde Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso y empleados municipales, la comunicación no puede ser personalmente, por medio de terceras personas, por medios de comunicación y redes sociales.

Durante la imputación de hechos que realizó el Ministerio Publico sostiene que el 19 de mayo de 2001, se le hizo de su conocimiento al exjefe edil de un posible desastre natural por lo que debería realizar el traslado de las familias del lugar. En la investigación de la Fiscalía se detalla que existieron dos eventos, el primero en 2006 cuando una crecida del río Pínula causó daños materiales en el sector. El otro caso fue en julio de 2014 cuando Raúl Solórzano informó sobre el cauce del mismo río que afectó de nuevo a la población del Cambray II.

Ignoró recomendaciones de informes

La Fiscalía señaló que el 29 de julio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Ministerio de Comunicaciones le dio aviso formal para que realizara un examen técnico y fotografías de un deslave en la orilla de la montaña que es su jurisdicción y que era causado por el mismo afluente cerca de las viviendas.

Con base en los informes anteriores, el fiscal a cargo de la investigación le explicó a la jueza, que el 15 de enero de 2015 le entregaron los estudios en atención a la problemática del río Pínula que afecto a la comunidad. En los análisis se refiere que desde el año 2002, fue afectada esta población por las crecidas del mencionado río.

Guatemala, 19 de enero de 2016.

Con base a 18 elementos de prueba, la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público obtuvo este día una condena de 12 años de privación de libertad inconmutables contra Darwin Javier Huezo Domínguez, por los delitos de robo de equipo de terminal móvil y posesión para el consumo. Además deberá pagar la multa de Q2 mil.

La Unidad de Litigios de la Fiscalía Metropolitana indicó que Huezo asaltó a dos víctimas el 12 de junio de 2015, en la 30 avenida y Anillo Periférico, zona 11 de la ciudad capital, aproximadamente a las 13:45 horas.

En el expediente identificado con el MP001-2015-58444, se detalló que los agraviados fueron despojados de sus dos celulares. Para lograr el fin, el victimario los amenazó de muerte simulando que cargaba un arma de fuego. Posteriormente, se dio a la fuga, siendo detenido cerca del lugar por elementos de la PNC.

Al ahora condenado, el día de los hechos se le localizó dos celulares, tres chips y aproximadamente un gramo de marihuana.

Además el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal le revocó la suspensión condicional de la pena por otro hecho, razón por la que se le añadieron tres años de prisión, sumando en total 12.
Asimismo, la judicatura determinó que sea expulsado del país al cumplir con la condena, ya que el sentenciado es de nacionalidad salvadoreña.

Guatemala, 19 de enero de 2016

La Fiscalía Distrital del Ministerio Público –MP- con sede en Quetzaltenango obtuvo este día por medio de pruebas presentadas en la audiencia de primera declaración que, Arnoldo Alejandro Camacho Escobar, detenido el pasado 16 de enero, en el municipio de Palestina de Los Altos, de ese departamento fuera ligado a proceso por el delito de femicidio y enviado a prisión preventiva.

La audiencia se realizó en El juzgado de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de dicha localidad.

La imputación realizada por el fiscal detalla que el victimario desde el 2004, ejercía una relación de desigual de poder, donde la víctima, Everilda Martina González Méndez, era constantemente humillada, golpeada y el 11 de noviembre de 2015 fue asesinada.

Según las pesquisas, ese día el hoy procesado sacó a la agraviada de su vivienda ubicada en el sector Los Camacho del caserío Marroquín, aldea San José Buena Vista de ese municipio y la condujo a un área boscosa en el Caserío Los Peñalonzo y utilizando un arma blanca la atacó en distintas partes del cuerpo hasta provocarle la muerte.

Guatemala 19 de enero 2016

Pablo Zepeda Navarijo fue condenado a una pena de 10 años de privación de libertad, luego de que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito de Santa Rosa demostró ante el Tribunal de Sentencia Penal, que cometió el delito de agresión sexual en contra de una menor de edad.

En la acusación que plantearon los fiscales contra Zepeda se comprobó que el 25 de octubre de 2011, fue sorprendido en flagrancia cuando abusaba sexualmente en contra la una menor, los agentes de la Policía Nacional Civil lo descubrieron en el interior de un vehículo en el parqueo de la Nueva Terminal de buses extraurbanos del municipio de Barberena, Santa Rosa.

Los fiscales presentaron las declaraciones de los agentes captores que relataron que el día de los hechos, la víctima estaba semidesnuda en el asiento trasero del automotor. En la declaración de la víctima confirmó que el agresor la obligó a quitarse la ropa y la acostó sobre el sillón y procedió a cometer el delito de agresión sexual.

La Fiscalía presentó las pruebas técnicas y científicas en las cuales se demostró mediante los informes que se encuentran en el expediente MP 332-2011-4419.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández participó este día en el simposio de “Enfoque en Asuntos de Seguridad Ciudadana Para El Gobierno Local”, una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos, a la que asistieron distintos representantes de las alcaldías del país, funcionarios del Estado guatemalteco y empresarios.

Durante el simposio, la Fiscal General expuso el Plan Estratégico del Ministerio Público (2015-2019), en el que explicó qué persigue el MP, hacia dónde llegar y cómo ha planificado alcanzar esas metas.

Aldana indicó que ese proyecto de trabajo busca transparentar las estrategias para que la población en general conozca el trabajo del MP. Dicho plan está conformado por ejes, directrices y acciones, que incluyen a los grupos de población como: pueblos indígenas, mujeres y niñez, puntualizó la Jefa del MP.

En cuanto a los alcaldes y alcaldesas, la Fiscal indicó que se espera que sean transparentes y que trabajen por sus municipios y que respondan a la confianza que la población les depositó al momento de su elección.

En ese sentido, la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, quien también participó en el simposio con la exposición sobre las reformas de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, añadió que éstas tienen como finalidad fortalecer los procedimientos de cotización y licitación.

El objetivo del simposio

Según la Embajada de EE.UU; que se pronunció por medio de un comunicado, ésta actividad fue organizada para que los alcaldes electos para el periodo 2016-2020 conozcan e intercambien buenas prácticas municipales con enfoque de Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana, Migración, Fronteras, Violencia Doméstica y en contra de la Mujer, Administración y Generación de Recursos en los Gobiernos Locales, Pueblos Indígenas y Menores no Acompañados, entre otros temas.

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), a través del Programa de Policía Comunitaria Municipal, organizó los dos simposios, el primero “Seguridad Ciudadana como Buena Práctica del Gobierno Local”, dirigido a alcaldes electos y el “Simposio de Enfoque en Asuntos de la Mujer, Paz y Seguridad”, para las señoras esposas de los alcaldes.

Plan Estratégico del Ministerio Público 2015-2019

https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/04/Plan-Estrategico-del-Ministerio-Publico-de-Guatemala-2015-2019.pdf

Guatemala, 20 de enero de 2016.

Una condena de cinco años de prisión conmutable a razón de cinco quetzales diarios, logró este día que el Ministerio Público mediante el trabajo de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas que presentó los suficientes elementos de prueba contra Josué Adalberto Velásquez.

El debate oral y público se realizó en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, donde después de analizar las pruebas que presentaron los fiscales resolvió condenarlo por el delito de homicidio culposo; las acciones que diligenciaron las partes quedaron documentadas en la causa C-1073-2010-1815 del expediente MP001-2010-92287.

La investigación realizada por el MP detalla que el 1 de septiembre del año 2010, Velásquez viajaba a excesiva velocidad en horas de la madruga en la ruta al Atlántico en la zona 18, esto provocó la muerte de dos personas al empotrarse en una plataforma de un tráiler.

Durante el debate Velásquez aceptó la responsabilidad de los hechos al manifestar que manejaba rápido y que perdió el control del vehículo.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

El Ministerio Público por medio de las pesquisas que trabajó la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas mediante un procedimiento abreviado fue condenado a tres años de privación de libertad Luis Enrique Barrillas Díaz, por el delito de homicidio en estado de emoción violenta.

La diligencia fue realizada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal donde fueron presentadas las pruebas en su contra y con ellas, el sindicado reconoció haber cometido los hechos tal y como los presentó la Fiscalía en la acusación.

La investigación del MP detalla que cuando ejercía su labor como guardia de seguridad privada, el 1 de mayo de 2015, disparó contra un hombre que les exigía la extorsión de 500 quetzales en efectivo todos los días viernes y Q600 los sábados, cuando repartían bebidas gaseosas en la 7ª. avenida y 2ª. calle de la colonia la Florida zona 19.

El hecho sucedió momentos después que la víctima  despojó  al conductor del camión de mil 600 quetzales que eran productos de la venta del día, esto hizo que le disparará por la espalda cuando escapaba.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

Con base a las pruebas que investigó el Ministerio Público, por los delitos de casos especiales de estafa y uso público de nombre supuesto, fue condenada esta tarde, Damaris Gabriela Contan, a tres años de privación de libertad conmutables a razón de Q10 diarios.

Según la documentación recopilada por la Fiscalía de Distrito Metropolitano demostró que el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2015, dentro de un almacén ubicado en un Centro Comercial en la zona 18. En el lugar Contan, junto con otra persona cancelaron el pago de un electrodoméstico con una tarjeta de crédito.

En la investigación se estableció que el pago realizado fue de Q499. La Fiscalía determinó que la tarjeta tenía el nombre de otra persona. Además, se comprobó que la tarjeta fue clonada.

Durante la aprehensión de Damaris Contan se le localizaron al menos seis tarjetas clonadas. La audiencia se realizó en el Juzgado Pluripersonal de Paz, y los procedimientos judiciales quedaron documentados en la causa judicial 1186-2015-3632, y ser resolvió por la vía del procedimiento abreviado.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

Las pruebas que presentó el Ministerio Público recopiladas por la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Extorsión fueron valoradas por el Tribunal Décimo Unipersonal de Sentencia Penal que resolvió condenar a seis años de prisión a Miguel Ángel Avalos Carpio, quien cometió el delito de extorsión.

Los fiscales demostraron que Avalos fue detenido en flagrancia el 3 de mayo de 2015, cuando llegó a recoger el dinero que le exigía a un comerciante, a quien lo extorsionó por primera vez el 27 de abril del mismo año.

En las pesquisas recopiladas se comprobó que Avalos le pedía mediante amenazas de muerte la cantidad de Q400 y Q300 a su víctima, quien lo acusó de los hechos ante el Tribunal que le dio valor probatorio a los testimonios e informes periciales en los cuales sustentó la condena ya mencionada.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

Ligada a un proceso judicial a solicitud del Ministerio Público por medio de la Unidad Contra Secuestros de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, quedó Jaqueline Andrea Benavente Chacón, de 22 años, quien fingió el secuestro de su hijo de cuatro meses de edad, el pasado 31 de octubre de 2015.

La audiencia de primera declaración fue realizada en el Juzgado de Primera Instancia del municipio de Mixco donde el Ministerio Público estableció que la sindicada simuló el plagio y presentó una denuncia falsa.

El Juzgado resolvió ligarla por los delitos de abandono de niño y personas desvalidas, denuncia falsa y simulación de delito, debido a su condición psíquica y emocional le otorgó arresto domiciliario y una medida sustitutiva de Q 5 mil y como garante designó a su hermana Gabriela Rafael Chacón.

Las pesquisas

La investigación inició por la Fiscalía al momento que Benavente Chacón presentó la denuncia en la sede de la Policía Nacional Civil y la ratificó ante el Ministerio Público el 3 de noviembre de 2015, en donde relató que el hecho presuntamente ocurrió en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, del municipio de Mixco, a eso de las 16 horas; cuando fue sorprendida por sujetos armados que se conducían en un vehículo, en el cual se habrían llevado a su hijo.

Tras ingresar estos detalles de inmediato se activó el protocolo de investigación en la Unidad Contra Secuestros.

Durante las pesquisas, los Fiscales descubrieron que la mujer había entregado al menor a una amiga quien lo cuidaría por unos días.

Guatemala, 20 de enero de 2016.

A solicitud de la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión del MP, un tribunal de sentencia penal, condenó a seis años de cárcel a Miguel Ángel Ávalos Carpio, quien extorsionó a un comerciante en la zona 6 de la ciudad capital.  De acuerdo con las investigaciones, el acusado, exigió la cantidad Q400.00 y Q300.00  al dueño de una tienda para  no asesinarlo.

El primer hecho lo cometió el 27 de abril de 2015 y el segundo el 3 de mayo del mismo año, cuando llegó al comercio y con amenazas de muerte pidió el dinero, pero la víctima lo denunció ante la Fiscalía que inició con las investigaciones correspondientes. Durante el juicio, la prueba testimonial fue fundamental para lograr la sentencia condenatoria, ya que se contó con la declaración del afectado junto a tres testigos más.

Guatemala, 20 de enero de 2016

La Fiscalía contra el Delito de la Extorsión coordinó la tarde de este miércoles, la detención de José Florencio Quej Rodríguez alias “Slow”, integrante de la clila “little psycho criminal” de la pandilla Barrio 18, quien tenía una orden de detención pendiente por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, extorsión y asociación ilícita.

Según las investigaciones, Quej Rodríguez forma parte de la estructura desarticulada el 20 de noviembre de 2015, durante un operativo dirigido por el MP y que dejó como resultado, la detención de varios integrantes de este grupo delictivo.

El sindicado fue aprehendido en Santo Domingo Xenacoj, municipio de Sacatepéquez, y al igual que al resto de capturados el año pasado, se le sindica de extorsionar a diferentes negocios en el sector de la zona 4 de la ciudad capital, así como a empresas de buses extraurbanos, a quienes exigía la cantidad semanal de Q3,200.00 hasta Q9,500.00 a cambio de no asesinarlos.

Guatemala, 20 de enero de 2016

En seguimiento a las acciones contra la narcoactividad y en atención a denuncias donde supuestamente se realizan actividades relacionadas con el narcomenudeo en distintos lugares del departamento de Guatemala, fiscales realizaron una serie de allanamientos este miércoles. Las diligencias dieron como resultado la detención de dos personas quienes serán puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales.

En la zona 1 de la ciudad capital, fue aprehendido Esteban Pérez, a quien se le incautó cuatro “colmillos” conteniendo la droga denominada cocaína. De manera simultánea, en otro allanamiento practicado en Villa Hermosa del municipio de San Miguel Petapa, se detuvo a Carlos Humberto Ruíz Arraiza, a quien al momento de la diligencia se le incautó 25 cápsulas con cocaína y 28 con crack.

Guatemala, 20 de enero de 2016