Durante la fase de conclusiones, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó la sentencia condenatoria, consistente en 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos y 10 años por enriquecimiento ilícito. Además, requirió una multa de Q389 mil y el pago de 21 salarios mínimos por incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial.
De acuerdo con la investigación, a la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, se le sindican esos ilícitos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devengaba como empleada pública y docente.
Además, el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo a su nivel de ingresos, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios. Los estados de cuenta de la señora Jisela Yadel Reinoso Trujillo, reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio del cual se desconoce su origen y concepto. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros. Además, algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dineros que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias. A pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los registros de la Contraloría General de Cuentas, la jueza Reinoso Trujillo sólo cuenta con la primera declaración jurada patrimonial del 5 de marzo de 2004.
Guatemala, 27 de septiembre de 2016