El Ministerio Público mediante las investigaciones que realizó la Fiscalía de Sección Contra Delitos Económicos, logró que el Estado recuperara la cantidad de Q219 mil 516.34; luego de que en las pesquisas se estableció que Byron Morales, en calidad de representante legal de la empresa Crece Centroamérica, Sociedad Anónima, se resistió a la acción fiscalizadora por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-.
En la causa C-1081-2014-472 del expediente MP001-2014-101508 se documentó que el 10 de octubre de 2013, mediante la intervención judicial competente de revisión de documentación contable de los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, sin embargo, el representante legal no permitió el escrutinio encuadrando en el delito de resistencia a la acción fiscalizadora.
Por medio del trabajo de la Fiscalía, se logró que resarciera el daño ocasionado y después de un procedimiento judicial entregó la documentación requerida para que la SAT verificara el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En el procedimiento judicial se emitió la sentencia condenatoria por defraudación tributaria a tres años de prisión y una multa de Q520 mil; también por uso de documentos falsos a tres años más un mes, por responsabilidades civiles la judicatura le impuso una multa de Q1 millón 095 mil 229.18; por último se le ordenó el pago de la costas procesales.
Otro caso
En el informe presentado por Víctor Manuel Rojas Teo durante el período impositivo del 1 de enero de 2000 al 30 de junio de 2001, en donde incluyó y declaró ante la Superintendencia de Administración Tributaria facturas de tres proveedores con irregularidades.
En el primer documento detectado se estableció que el proveedor Leonel Alberto Paiz Montenegro reportó una factura de Q600 mil por supuestos servicios de nivelación de rasante en carretera, pero en la documentación de éste proveedor el duplicado y triplicado estaban anulados.
En otro hallazgo en el informe de Rojas, fue que otro de sus proveedores, Mefi Voset Ramírez Contreras reportó una factura por Q117 mil por servicios de nivelación de tierra, pero él reportó en su libro de ventas por Q2 mil por servicios a la municipalidad de Pinula.
Entre los reportes descubiertos en los documentos sobresalen nueve facturas por venta de combustible, en las cuales alteró los montos anteponiendo un número con el cual incrementaron el monto de venta.
Con los hallazgos encontrados en el informe presentado por Rojas sumaron Q275 mil 720 defraudados al Estado de Guatemala; la judicatura le impuso una multa similar e intereses resarcitorios.
Guatemala, 26 de enero de 2016.