El Próximo 17 de junio el Tribunal “B” de Mayor Riesgo, decidirá si condena a nueve personas implicadas en el caso primavera, por la adopción irregular de una menor que presuntamente fue secuestrada en el año 2006, en el patio de su vivienda ubicada en Villa Hermosa.
La semana pasada la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Trata de Personas, solicitó al Tribunal “B” de Mayor Riesgo, penas de 3 a 30 años de prisión inconmutable, para los involucrados.
Entre los procesados se encuentra Mario Fernando Peralta, el juez que autorizó la adopción ilegal de la niña Angely Liset Hernández Rodríguez, cuando tenía 2 años, quien fue dada en adopción a una pareja de esposos residentes en Estados Unidos; y para la directora de la Asociación Primavera, Susana Loarca Saracho.
Peralta enfrenta delitos de prevaricato, denegación de justicia, trata de personas y asociación ilícita; también es procesada Susana Loarca Saracho por el delito de trata de personas, uso de documentos falsos y asociación ilícita. La Fiscalía pidió que a ambos les sea inhabilitada la licencia de su profesión para que así estos no continúen laborando.
Al resto de los implicados se les señala de los delitos, asociación ilícita, trata de personas y uso de documentos falsos.
En esta agrupación participaban abogados, médicos, operadores de justicia, funcionarios de la Dirección de Migración, de la Procuraduría General de la Nación e instituciones privadas guatemaltecas y de Estados Unidos.
Según las declaraciones de la colaboradora eficaz Alma Beatriz Valle ante El Tribunal que el exjuez de la niñez y adolescencia del departamento de Escuintla Mario Peralta Castañeda, recibía 2,000 dólares por cada menor de edad que fuera dado en adopción irregular al extranjero.
También describió como operaba la fundación primavera, señalando a Susana Loarca Saracho, de ser la persona que coordinaba las adopciones, explicando que derivado de la participación del juez Peralta en la estructura de adopciones ilegales, se instaló una sede de la fundación en el departamento de Escuintla.
Guatemala, 8 de junio de 2015.